La Asociación de Abogados Laboralistas observa con gran preocupación el notable incremento del número de los despidos que se vienen produciendo en los últimos meses, tanto en el sector público como en el privado. Se trata de un fenómeno totalmente repudiable que deja en la calle a miles de trabajadores sin fuentes de ingresos indispensables para una subsistencia digna para ellos y sus respectivas familias.

El despido como acto ilícito patronal implica una violación de derechos humanos fundamentales como lo son el derecho al trabajo, a la estabilidad en el empleo, a una remuneración justa y a la progresividad de los derechos, reconocidos en la Constitución Nacional, Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos con jerarquía constitucional y Leyes Nacionales. Se trata de derechos que hacen la dignidad de la vida humana del sujeto transformador que es justamente el trabajador, en el marco de una sociedad capitalista que lo coloca en una posición de marcada vulnerabilidad frente a aquél que lo puede despojar de los medios materiales de vida.

Esta política de ajuste y despidos, además, apunta a generar un “ejército de desocupados” que amedrente y discipline a la clase trabajadora, en un claro intento por empujar los salarios hacia la baja.

Agrava esta situación el hecho de que gran parte de los despidos se producen sin reconocimiento de indemnización alguna para el trabajador, lo cual implica privarlo además de cualquier tipo de protección frente al despido arbitrario. Tal extremo se observa con mayor detenimiento en la ola de cesantías que se están produciendo en el sector público en el cual, mediante decretos y resoluciones manifiestamente inconstitucionales e ilegales, se intenta justificar una flagrante violación del derecho a la estabilidad del empleado público, sin reconocimiento de indemnización alguna e incumpliendo con los procedimientos legales establecidos para poder cesantear a un trabajador estatal.

También repudiamos el carácter discriminatorio de gran parte de las medidas, las que en muchos casos recaen selectivamente sobre activistas gremiales, sociales y políticos. Ello no sólo transforma a los despidos en actos discriminatorios susceptibles de ser anulados, sino que además constituyen una práctica antisindical contraria al principio de libertad sindical esencial para la defensa y mejora de los derechos laborales.

En este contexto se hace imperiosa la inmediata ratificación por parte del Estado Argentino del Convenio Nº 158 de la OIT, a los efectos de reforzar los instrumentos legales existentes con vistas a la defensa de la estabilidad en el empleo.

Asimismo, la AAL brinda su apoyo a aquellos proyectos de ley presentados en el Congreso de la Nación que tiendan a garantizar la estabilidad del trabajador y dejen sin efecto los despidos arbitrarios producidos en el actual contexto, en especial aquéllos que comprenden a los empleados públicos y privados, otorgan al trabajador la posibilidad de optar por la reinstalación en su puesto o aceptar la indemnización duplicada y extienden la vigencia de la protección hasta el 31 de diciembre de 2017.