La Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas expresa su rechazo al proyecto de Reforma Previsional recientemente aprobado, dado que afecta derechos de raigambre constitucional (el art. 14 bis CN: sostiene “El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable;…la ley garantizará jubilaciones y pensiones móviles”) y vulnera el principio constitucional de progresividad y no regresividad, entre otros.

Mediante la modificación de la fórmula de cálculo de la movilidad, vinculándola al aumento de precios al consumidor y desligándola de los aumentos salariales, se le quita el carácter sustitutivo del salario que debe gozar el haber jubilatorio, operando una feroz transferencia de ingresos del sector trabajador a los sectores financieros concentrados y al Estado.

Por otra parte, también afecta a los distintos beneficiarios del sistema de seguridad social, como son los que perciben la AUH, veteranos de guerra, jubilaciones por invalidez, los que accedieron por moratoria y regímenes especiales, etc. recayendo el ajuste fiscal sobre la espalda de aquellos sectores más vulnerables de la sociedad.

Asimismo, de modo indirecto, aumenta la edad jubilatoria y desfinancia el sistema de seguridad social, entre otros aspectos regresivos. Todo lo expresado tacha a la misma de inconstitucional y vulnera instrumentos internacionales de jerarquía constitucional (como es el PIDESC y la Observación General Nº 19 CDES).

Por otra parte, esta Asociación expresa su profunda preocupación y repudio, a los avances sobre el Estado de derecho existentes y la vigencia de las garantías constitucionales, a lo largo del país.

En las últimas manifestaciones públicas – vinculadas al rechazo que generan en la sociedad estas reformas regresivas – se ha observado un progresivo deterioro de la vigencia de las garantías constitucionales y un accionar ilegal de las fuerzas de seguridad. Asimismo, tal como ha sucedido en la Provincia de Jujuy, donde ha existido una feroz represión, detenciones indiscriminadas de manifestantes e inclusive del abogado del Sindicato, frente al reclamo por incumplimientos laborales, librándose luego una orden de captura sobre los integrantes de de la comisión Directiva del Sindicato de Obreros y Azucareros del Ingenio La Esperanza, sin respeto a garantía procesal alguna, solicitamos el cese de ese accionar absolutamente ilegal del poder público y el respeto a la libertad sindical.

Reafirmamos el pedido de cese de la represión y la criminalización del conflicto social y el respeto irrestricto a las normas constitucionales, base fundamental del Estado Social de Derecho.